El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó este
jueves 15 sobre la decisión de la administración de Nicolás Maduro de expulsar
del país a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), por su supuestos «ataques exacerbados»
contra Venezuela.
El gobierno venezolano da 72 horas a los 13 funcionarios de
la Oacnudh para que se retiren del país. El canciller anunció además que se
suspenden las actividades de esta Oficina y se revisarán los acuerdos firmados
con ella en los próximos 30 días.
«Buscan crear una especie de tutela a nuestros poderes
públicos (…) Esto en ningún Estado es tolerable. Esta oficina sigue un mandato
de los Estados que forman parte de Naciones Unidas. Mal bien puede la Oficina
osar responder por las informaciones (…) máxime cuando no ha ocurrido ninguna
violación a los derechos humanos», aseguró el canciller en unas declaraciones
desde la sede de la Cancillería.
Calificó la decisión como «administrativa» e insistió en que
la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela «se ha desviado de su mandato».
Afirmó que el trabajo que debería hacer esta instancia independiente de la ONU
es «combatir los efectos» de las sanciones y denunciar las conspiraciones
contra las autoridades venezolanas.
El Sindicato de Trabajadores
de la Prensa rechazó la medida
«Rechazamos y denunciamos la decisión del gobierno de
expulsar a los representantes de la Oacnudh de Venezuela. La misión de la ONU
ha estado en el país desde el 2019 y su salida aumenta la desprotección de las
víctimas de violaciones de DDHH y disminuye la observancia».
La Oficina de Cooperación Técnica del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue instalada –a través de la firma
de un memorando de cooperación– en el año 2019, tras una visita de la entonces
comisionada Michelle Bachelet, con el objetivo de revisar en el terreno las
denuncias sobre violaciones a DDHH, así como brindar asistencia técnica al
Estado para mejorar la situación en este sentido.
La cooperación entre esta instancia de la ONU y el gobierno
venezolano se reafirmó el año pasado, tras la visita del Alto Comisionado
Volker Türk, que denunció entonces la ocurrencia de nuevas ejecuciones
extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad, así como la
necesidad de que se liberen a todos los presos políticos y se realicen
investigaciones reales sobre torturas.
Tras la detención de la activista y abogada Rocío San
Miguel, la Oacnudh indicó que podría tratarse de una desaparición forzada. Sin
embargo, la mañana de este jueves se tomó nota de su lugar de detención y se
solicitó que se respeten «las garantías del debido proceso, incluido el derecho
a la defensa» de la presidenta de Control Ciudadano.
(Con información de Tal Cual)
