En un mensaje en su cuenta de X, el fiscal informó que se
encontraba en desarrollo la audiencia de presentación de Rocío San Miguel, de
Alejandro José González Canales, expareja de la activista, y otros cuatro
ciudadanos cuyos nombres no mencionó, pero son, presumiblemente, los familiares
que más temprano la defensa de la activista reportó como desaparecidos.
Las cuatro personas señaladas por uno de los abogados de la
defensora de derechos humanos son Miranda Díaz San Miguel, hija de la
activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos; y Víctor Díaz Paruta,
padre de Miranda
Saab aseveró que el Ministerio Público (MP/Fiscalía)
solicitará «medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la
ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los
delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre
otros».
Además, indicó que pedirá también la privación de libertad
«preventiva» para González Canales por la «presunta» comisión de los delitos
(de) revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad
de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Asimismo, solicitará medidas cautelares, «consistentes en
presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa», para las otras cuatro
personas.
El fiscal aseguró que los seis detenidos aparecen
«presuntamente involucrados» en la trama conspirativa denominada ‘brazalete
blanco’, cuyo objetivo era «atentar en contra de la vida del jefe de Estado,
Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios», y con la cual ya había vinculado a
San Miguel cuando confirmó su detención este domingo.
Remarcó que las actuaciones están «dentro de los lapsos
legales» y «en estricto apego al respeto de los derechos humanos», pese a que
la defensa de la activista denunció la desaparición forzada de San Miguel, que
estuvo en paradero desconocido desde el viernes, cuando fue detenida en el aeropuerto
internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, hasta el domingo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
condenó este lunes la desaparición forzada de San Miguel y recordó que la
activista es beneficiaria de medidas cautelares del organismo.
(Con información de Efe)
