El Observatorio de Prisiones advirtió sobre la liberación de
20.000 presos en Venezuela, bajo condicione que se desconocen, anunciada por el
Ministerio de Interior y Justicia a finales del año 2023.
La liberación de estos presos, señaló la organización en un
comunicado, ha sido objeto de opacidad y falta de transparencia por parte del
régimen y los organismos encargados de la administración penitenciaria.
«No hay una información precisa sobre la liberación de estos
20.000presos», afirmó el OVP. «No indican en qué estados lo hicieron y muchos
menos informan cuántos privados de libertad quedan en los recintos policiales»,
añadió.
Además, denunció que las liberaciones se están llevando a
cabo de manera arbitraria y violando los derechos fundamentales de los presos.
Según las denuncias recibidas, a los beneficiados los obligan a renunciar a la
defensa privada y se les asigna un defensor público. En muchos casos, aseguró, presiona
al recluso para que admita un delito, dejándolo así sin derecho a la presunción
de inocencia y a una defensa adecuada.
El OVP también destacó que las órdenes de liberación
emitidas por gobernadores y parlamentarios de la Asamblea Nacional electa en
2020 contribuyen a la confusión legal y la inseguridad jurídica de los presos.
«La libertad de un preso solo debe otorgarse por mandato de
un tribunal», subrayó.
Condiciones inhumanas
y degradantes
Además de las preocupaciones sobre las liberaciones, destacó
las condiciones inhumanas y degradantes en los calabozos policiales, donde
continúa el hacinamiento y la falta de condiciones básicas. Los reclusos,
afirmó, carecen de acceso a agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas,
atención médica y visitas familiares, entre otras deficiencias.
El observatorio hizo un llamado urgente a las autoridades
venezolanas para abordar estas violaciones de los derechos humanos y garantizar
condiciones dignas y justas para todos los presos en el país.
Las denuncias resaltan la necesidad de una reforma integral
del sistema penitenciario en Venezuela, así como la urgencia de proteger los
derechos fundamentales de todas las personas privadas de libertad.
(Con información de El Nacional)
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