La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
condenó este martes 31 de enero las inhabilitaciones administrativas en contra de
opositores en el país y denunció que esas acciones son propias de «regímenes
autoritarios», por lo que instó a reconstruir la democracia.
El organismo se refirió entre otras personas a la candidata
de la principal coalición opositora a las presidenciales de 2024, María Corina
Machado.
El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
ratificó la inhabilitación política de Machado para competir en esa y otras
elecciones hasta 2036.
Para la CIDH, al apartar de la contienda a reconocidos
dirigentes de la oposición «se corrobora que el sistema de justicia venezolano
no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que este ha desempeñado
un papel significativo en la represión de opositores al gobierno».
En su opinión, «se anula la posibilidad de desarrollar
elecciones presidenciales libres, justas y competitivas».
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y tiene el mandato de promover la observancia y
la defensa de los derechos humanos en la región.
El gobierno venezolano denunció en 2012 la Convención
Americana de Derechos Humanos, que da base jurídica a la CIDH, y en 2017 hizo
otro tanto con la Carta de la OEA.
En su mensaje, la CIDH recordó que ningún órgano
administrativo puede restringir a través de sanciones de inhabilidad o
destitución los derechos políticos a elegir y ser elegido.
«Este tipo de sanciones únicamente pueden ser impuestas
mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal»,
dijo la CIDH, subrayando que «en un Estado democrático es fundamental que se
garantice la participación política en condiciones de igualdad».
En Venezuela, añadió, «es crucial el levantamiento de
inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a
desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público», y también
se deben adoptar «con urgencia» medidas para restablecer la separación e
independencia del sistema judicial y otros poderes públicos.
«Solo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza
en las instituciones públicas», concluyó la organización, integrada por siete
miembros que no representan a sus respectivos países de origen o residencia.
(Con información de Efe)
