La confusión reina en Venezuela luego de que empresas de transporte marítimo de mercancías comunicaran recientemente a sus clientes un «ajuste» fiscal en las políticas aduaneras, que expertos consideran una reanudación de controles y cobros de impuestos para ciertos tipos de envíos, anulados en 2017 para facilitar la entrada de bienes ante la escasez que vivía entonces el país.
Las dispares informaciones difundidas este mes por algunas
compañías, que aseguraron haber recibido notificaciones oficiales «de manera
inesperada», desconcertaron a los clientes, algunos de los cuales decidieron
retener sus compras hasta tener mayor claridad al respecto o empezaron a usar
el servicio aéreo, pese a ser más costoso.
Carlos La Rosa, un informático de 41 años de edad, dijo a
EFE que una reciente compra que hizo de «unos refrigerantes», que solo se
pueden «traer por barco», la ha mantenido en Estados Unidos durante las últimas
semanas tras estas comunicaciones.
“No hay nada claro, de cuánto va a costar traer ese paquete.
(La empresa) nos recomendó esperar (hasta saber) las medidas que iban a tomar,
los costos aparte de lo que cuesta la caja, que es lo que va a cobrar el
Gobierno, dijo La Rosa, quien recibe productos frecuentemente.
Una empresa señaló que, según «nuevas regulaciones
establecidas», los «envíos estrictamente personales» deberán «cancelar un
impuesto de 38 % sobre el valor declarado por cada caja», de un «mínimo» de 100
dólares, un porcentaje que otra compañía anunció que será de un 35 %.
Si bien el Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (Seniat) no ha aclarado esta confusión, expertos
consultados por EFE aseguraron que el Gobierno, de manera «sorpresiva», ha
vuelto a aplicar la normativa ya existente, tras lo que las compañías tienen
que adecuar «sus sistemas y sus estructuras» al proceso de nacionalización.
UN SEXENIO SIN
REGULACIÓN
Estas empresas prestan un servicio conocido en el país como
«puerta a puerta», que la ley define como el «transporte expreso» de
«correspondencia, documentos y encomiendas internacionales», el cual solo puede
hacerse «por vía aérea o terrestre».
Sin embargo, según dijo a EFE el economista Asdrúbal
Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, «muchas empresas migraron» al
servicio marítimo debido a que el Gobierno «dejó de aplicar» la norma a partir
de 2017, cuando el país vivía una escasez «muy grande» de productos, y a que es
menos costoso en comparación con el aéreo.
El Ejecutivo, prosiguió el experto, permitió “la entrada
indiscriminada de productos a través de los servicios de ‘courier’ o de puerta
a puerta”, pero vía marítima, entre ellos alimentos y una «gran cantidad» de
medicinas, lo que mantuvo por “seis años”.
Como consecuencia, hubo un crecimiento “masivo» e
«inusitado» de estos envíos «puerta a puerta», que en 2022 representaron cerca
del 30 % del total de las importaciones, debido a que «mucha gente decidió»
hacerlo «no tanto para uso personal, sino para comercializar”, ya que se
ahorraban “todo lo relativo a la nacionalización”.
Este mecanismo, sostuvo, «permitió mejorar bastante el
abastecimiento para enfrentar la escasez», pero también «se aprovechó para otra
cosa», ya que se usó también para la entrada de celulares, “contenedores de
carros (automóviles)” y otros productos.
Ahora, “el Gobierno, sorpresivamente, decidió regularizar
esto (para que) todo el sistema de ‘courier’ se hiciera, principalmente,
aéreo”, dijo Oliveros, quien precisó que los marítimos tendrán que pagar «los
impuestos en función de unas especificaciones de los productos».
“Muchos productos que entraban sin pagar ningún tipo de
impuesto o de tasa ahora lo tendrán que pagar. Eso va a encarecer estos
productos y va a cambiar un poco la dinámica interna, va a haber actores,
empresarios, que ya no les va a ser rentable traer esta mercancía”, explicó.
Necesidad de recursos
A juicio de Oliveros, la decisión de retomar la regulación
responde a la «necesidad del Gobierno de contar con recursos» ante una dinámica
electoral que, «próximamente», «se va a exacerbar» debido a las elecciones
presidenciales de 2024.
Señaló que en este plan no anunciado están incluidas, además
del cobro de «impuestos a la parte de importación», medidas como el «aumento
(del precio) del diésel» y un «ajuste de algunas tarifas» de servicios.
El Gobierno informó recientemente del fin de su política de
subsidio total al diésel para el sector industrial, un combustible que se
entregaba de manera gratuita al transporte de carga y que ahora tiene un precio
de 0,32 centavos de dólar el litro.
Todo esto, sostuvo Oliveros, está «englobado en una mejora
en el flujo de ingresos del Estado.
(Con nota de EFE)
