El proyecto de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia plantea modificar tanto el nombre como las sanciones de esta normativa, aprobada en 2017. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advierte que la propuesta mantiene disposiciones que pueden limitar la libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación.
El texto en discusión propone sustituir el nombre actual por Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia, además de eliminar las penas de prisión que contemplaba la legislación vigente. La iniciativa también suprime sanciones como la revocatoria de concesiones y el bloqueo de portales, pero conserva mecanismos administrativos que según el SNTP pueden utilizarse para controlar los contenidos difundidos por medios y plataformas digitales.
A través de una declaración en X, el sindicato alertó que la reforma mantiene la facultad de ordenar el retiro inmediato de publicaciones y obliga a los prestadores de servicios de comunicación e información a difundir mensajes sobre convivencia y paz. El incumplimiento de estas disposiciones podría abrir procedimientos administrativos.
SNTP alerta que conceptos ambiguos y sanciones mantienen riesgos para la libertad de expresión
La organización también cuestionó la redacción de cinco faltas contempladas en el proyecto, pues incluye expresiones como “angustia o zozobra”, “motivos análogos” y mensajes que atenten contra la convivencia. A juicio del gremio, estos conceptos dejan un margen de interpretación que podría facilitar decisiones arbitrarias.
Otro de los puntos señalados es el alcance limitado de la protección al periodismo y a la opinión política. Según el SNTP, esta garantía se circunscribe a la falta relacionada con el discurso de odio y no excluye la aplicación de las demás infracciones previstas en la propuesta.
Aunque el proyecto elimina las penas privativas de libertad, establece multas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, además de entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario. El Ministerio de Justicia tendría la potestad de imponer las sanciones, mientras que la revisión judicial se efectuaría posteriormente.
El sindicato considera que la modificación no resuelve los riesgos que supone la normativa para el ejercicio de la libertaad de expresión. Por ello reitera la exigencia de derogar la ley, cerrar las causas judiciales abiertas bajo su aplicación y poner fin a las medidas cautelares impuestas de manera arbitraria.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, en medio de la crisis política y las protestas antigubernamentales de ese año. Su finalidad declarada era promover la convivencia pacífica y la tolerancia, así como prevenir y sancionar la promoción o incitación al odio, la discriminación y la violencia. No obstante, organizaciones de derechos humanos y de defensa de la prensa han denunciado que la legislación se ha utilizado para perseguir expresiones críticas y restringir la disidencia política.
(Con información de El Nacional)
