Familiares de presos políticos en Venezuela hicieron un llamado al Ministerio Penitenciario para establecer una mesa de diálogo que permita “tomar acciones pertinentes” para liberar a sus seres queridos.
Durante una manifestación realizada este jueves en la ciudad de Caracas, los familiares presentaron un nuevo documento que reafirma las denuncias de un escrito anterior, fechado el 18 de octubre de 2024, el cual según Andreína Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel, aún no han recibido respuesta.
En el nuevo documento entregado al Ministerio Penitenciario, los familiares proponen una mesa de diálogo que incluya la participación del Comité de Familiares y Presos Políticos (Clippve), además, de denunciar las “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” y exigir “acciones concretas que conduzcan a la liberación inmediata de los presos políticos”.
“Hoy exigimos poder llegar a una mesa de diálogo con esta institución del Estado para que nos escuchen, nosotros, los familiares de los presos políticos”, afirmó Aurora Silva, esposa del preso político Freddy Superlano.
A su vez, destacó que las familias han observado “patrones recurrentes” en lugares de detención como El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, y el Rodeo I en el estado Miranda, en donde los detenidos enfrentan “aislamiento prolongado”, suspensión de visitas “como forma de castigo” y “traslados arbitrarios”.
La entrega de este documento se produce en el marco de la manifestación “Ruta por la justicia y libertad”, que comenzó el lunes y finalizará este viernes, con el objetivo es hacer oír sus voces frente a instituciones públicas como la Defensa Pública y la Fiscalía en Caracas.
Más de 2.400 presos políticos tras elecciones presidenciales
Tras las elecciones presidenciales, celebradas el pasado mes de julio, se desató una serie de detenciones debido a acusaciones de fraude por parte de la oposición venezolana que daban por ganador a Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), proclamo vencedor a Nicolás Maduro.
En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas; y a la fecha, según informes fiscales casi 1.900 han sido liberadas tras revisiones judiciales. Sin embargo, la ONG Foro Penal, que defiende a los considerados “presos políticos”, afirma no haber podido corroborar estas cifras.
Hasta el 17 de febrero pasado, Foro Penal contabilizaba un total de 1.061 personas consideradas como “presos políticos”, incluyendo detenciones anteriores y posteriores a las recientes elecciones. Tanto la Fiscalía como la administración actual niegan la existencia de detenidos por motivos políticos y argumentan que estos individuos han cometido delitos.
Denuncian amedrentamiento del Sebin
Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tomaron fotos a familiares de presos políticos que protestaron en Caracas como parte de la Ruta de la Justicia, una serie de manifestaciones con las que exigen la liberación de los detenidos por razones políticas.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos publicó este 26 de febrero un mensaje en X para denunciar la situación.
“Durante el tercer día de la Ruta por la Justicia y la Libertad de los Presos Políticos, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política venezolana, amedrentaron a madres, familiares y amigos de presos políticos mientras estos protestaban pacíficamente y entregaban un documento en la Defensoría del Pueblo, solicitando al defensor que cumpla su rol de garante de los derechos humanos, incluido el derecho a la manifestación pacífica”, escribieron en la publicación.
En el mensaje publicaron también un video en el que se veía a uno de los funcionarios tomarles fotos a los manifestantes, sin explicación alguna.
Agregaron que los funcionarios portaban armas de fuego, grabaron y tomaron fotografías de los manifestantes en un acto de intimidación y hostigamiento. En su opinión, con esto intentan silenciar las denuncias y vulnerar el derecho a la protesta.
El comité denunció que este tipo de prácticas revictimiza a quienes siguen sufriendo por la represión y exigen justicia. Rechazaron que los funcionarios ignoran lo establecido en la Constitución, que prohíbe la presencia de funcionarios armados en manifestaciones pacíficas. Además, garantiza el derecho de los ciudadanos a expresarse sin miedo a represalias.
Al finalizar el mensaje exigieron el cese del amedrentamiento y el respeto a los derechos fundamentales de quienes luchan por justicia y libertad. “Es una práctica recurrente que debe acabar”, reclamaron.
La Ruta por la Justicia es una iniciativa de los familiares de presos políticos, quienes han exigido frente a instituciones del Estado la libertad de los detenidos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
(Con informaciones de El Nacional)
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