Por Erika Hernández
69,6% de los venezolanos viven en pobreza multidimensional
debido al deterioro regresivo de los ingresos para la subsistencia económica y
a la deficiencia en los servicios básicos, especialmente la electricidad. Así
lo reveló una investigación realizada por HumVenezuela, plataforma humanitaria
que monitorea la emergencia humanitaria compleja en el país.
La encuesta, realizada en 20 estados del país entre enero y
noviembre de 2023, indicó que 20,1 millones de personas tienen amplias
necesidades de asistencia y protección, de las cuales 14,2 millones
experimentaron necesidades más críticas y 4,2 millones llegaron a un estado
severo de necesidad.
En cuanto a la alimentación, HumVenezuela detalló que si
bien la disponibilidad de alimentos en el país ha mejorado, la mayoría de la
población no dispone del presupuesto suficiente para adquirir estos productos y
poder consumir una dieta variada y nutritiva. Esto debido a que los ingresos
mensuales en promedio se ubican en 102,5 dólares que apenas cubren 12,8% de la canasta
básica de bienes y servicios esenciales.
“El déficit de ingresos para comprar una canasta básica de
alimentos llegó a 72,4%”, afirmó el estudio.
Como consecuencia de las privaciones económicas, al menos
9,3 millones de personas (32,1%) realizó algún tipo de trabajo informal de
escasos ingresos y alrededor de 5 millones (17,3%) se empleó en trabajos
riesgosos para su vida, integridad y seguridad, incluyendo actividades ilícitas
de explotación, en todas sus formas, trata y tráfico humano, entre otros.
«Las consecuencias del deterioro de los ingresos y de los
servicios básicos fue un aumento de la inseguridad alimentaria, con un estado
de hambre, oculta o evidente y un escaso presupuesto para atender las
necesidades de educación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) y de los
miembros con problemas de salud», señaló el estudio.
Entre los años 2022 y 2023, el porcentaje de personas que
durante ciertos períodos del año pasaron hambre de forma permanente se
incrementó considerablemente de 14,4% a 22,3%. De este grupo, las personas que
permanecieron con hambre, todo el tiempo, aumentaron de 7,2% a 9,5%. Igualmente
se produjo un ascenso, de 10% a 15,5%, en el número de personas que alguna vez
pasó días enteros sin comer y de 4,9% a 5,7% las que muy seguido durante el año
no pudieron alimentarse por días enteros.
Estos resultados, según HumVenezuela, indican un aumento en
el porcentaje de personas con inseguridad alimentaria en 2023, el cual asciende
a 45,2% de la población, lo que equivale a 13 millones de personas. Esto es un
incremento de aproximadamente tres puntos en comparación con la cifra de 42,8%
registrada en marzo de 2022. La inseguridad alimentaria moderada se mantiene en
35,7% y la severa pasa de 7,2% a 9,5%.
Como consecuencia de las privaciones alimentarias, la
desnutrición en menores de 5 años de edad siguió siendo un grave problema en el
país, afectando a 1,4 millones de niños con algún grado de déficit nutricional
o riesgo de tenerlo. Dentro de este total, en 2023 se estimaba un 9,5% de niños
con desnutrición aguda y 35,4% con desnutrición crónica, por retardo de
crecimiento en talla para la edad.
Acceso a los
servicios e inseguridad
La crisis eléctrica empeoró en 2023, con una constante
fluctuación diaria de energía en todos los estados del país. La población que
sufrió fallas intermitentes y prolongadas se incrementó de 25,9% a 61,9% entre
2022 y 2023.
«La caída de las capacidades de generación eléctrica en el
país se estima en 80% (60% generada por centrales hidroeléctricas y 40% por
plantas termoeléctricas), como consecuencia de una alta fragilidad del
equipamiento, sistemas de transmisión y distribución y falta de personal
capacitado», de acuerdo con el informe de HumVenezuela.
Los apagones recurrentes aumentaron en 155,9%, pasando de
147.500 a más de 230.000 entre 2022 y 2023, ocurriendo con más frecuencia en
los estados Mérida, Táchira, Falcón, Miranda, Zulia y Anzoátegui, y afectando
entre 70% y 90% de sus poblaciones.
En el acceso a transporte público la situación sigue siendo
crítica para más de 80% de la población, que no cuenta con medios de transporte
propios. Quienes sí cuentan con automóviles o motos se enfrentaron a una crisis
permanente de escasez de combustible debido al déficit de producción interna
para cubrir la demanda nacional de gasolina, que aumentó de 35% a 56,7% entre
los años 2022 y 2023.
En 49,4% de los hogares, 28,1% reportó no disponer de
transporte público en su comunidad y 21,3% manifestó afrontar fallas severas en
la regularidad del acceso a transporte. En esta crítica situación, entre los
años 2022 y 2023 se incrementó de 56,7% a 60% la cantidad de personas que deben
caminar para realizar sus actividades cotidianas.
La crisis hídrica en el país, también asociada a la
eléctrica, tuvo un mayor agravamiento en 2023. Las restricciones severas se
acrecentaron por la frecuencia y duración de los racionamientos o
interrupciones del suministro de agua en los hogares, que afectaron a 69,1% de
la población, sumando a quienes viven en hogares no conectados al sistema de
acueductos.
«De manera preocupante, por sus consecuencias para la vida y
la salud, 33,4% de las personas redujo las cantidades de ingesta de líquidos
diarios, por causa de la severa escasez de agua o por temor a beber agua
contaminada sin disponer de suficientes métodos o productos de purificación,
incrementando así los riesgos de deshidratación o de otras afecciones», agregó
la investigación.
El cuarto informe de HumVenezuela indicó que la inseguridad
es uno de los principales riesgos que las personas corren en el entorno
comunitario, sin embargo, hubo una disminución. En 2020 afectaba a 51,9% y, en
2023, 41% de las personas en los hogares encuestados identificaron la
inseguridad como uno de los riesgos más altos para sus vidas e integridad.
Aun con esta disminución, aumentó la proporción de personas
que fueron víctimas de actos de abuso y/o violencia por parte de terceros entre
2022 y 2023. En 39,9% de los casos las personas atribuyeron los actos a
funcionarios y 26,2% a grupos de delincuencia o armados. 56,6% de los actos se
notificó o denunció a instituciones u otros actores de apoyo.
Salud y educación
La mayoría de la población está expuesta a graves riesgos
para sus vidas, integridad y bienestar físico y mental por falta de atención a
la salud. En 2023, 87,8% dependía del sistema sanitario público para tener
acceso a servicios de atención primaria, ambulatoria y hospitalaria, que están
en severa crisis por el colapso de 80% de sus capacidades, a causa de un
deterioro sostenido que, en 2022, cumplió una década.
Del total de personas que acudieron al sistema de salud
público, cerca de 72,4% no encontró atención, quedándose sin atención médica
garantizada, de acuerdo con HumVenezuela.
Esto se debe principalmente a que 86,4% del sistema
sanitario público perdió servicios de atención primaria, 74,4% dejó de contar
con servicios de atención ambulatoria y 60,8% ya no contaba con servicios de
atención hospitalaria.
El gasto público en salud disminuyó durante los últimos años
en más de 50%, estimando una mayor caída que se desconoce por la ausencia de
publicación de las estadísticas de inversión y gestión presupuestaria.
En 2023, 54,8% de la población estuvo sin recursos
económicos para afrontar los gastos mínimos de una enfermedad, en un contexto
donde prácticamente desapareció la protección financiera a través de los
múltiples sistemas de seguridad social y los seguros privados.
En cuanto al sistema de educación básica, en el que estudian
los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de edad, presenta un severo
deterioro, profundizado hace más de dos décadas, según el estudio de
HumVenezuela.
En 2023, 61,6% de los menores de edad de 0 a 17 años se
encontraba en riesgo de abandono escolar o fuera del sistema educativo. Dentro
del entorno de enseñanza, 82% no realizó actividades escolares y de calidad
acorde con el derecho a la educación, y más de 90% enfrentó problemas de
deterioro o déficit de infraestructura, dotación y servicios básicos.
La suspensión de clases y la falta de docentes alcanzaron
los porcentajes más altos, con porcentajes de 36,3% y 40,7%, respectivamente.
Los hogares reportaron 18,1% de los menores entre 3 y 17 años de edad que
perdieron más de 50 días de clases, lo que significa no haber cursado 33% de
los establecidos en el calendario escolar o un lapso académico completo, de
acuerdo con la duración mínima de 180 días hábiles que dicta el Reglamento de
la Ley Orgánica de Educación.
74,6% de los 28.000 planteles del sistema público presenta
condiciones de deterioro en su planta física, espacios e instalaciones,
incluyendo las sanitarias. Además, 73,4% no recibe electricidad continua y
80,9% no recibe agua. 71,7% no contaba con suficientes pupitres para todos los
alumnos y 95,7% carecía de un servicio de transporte escolar.
Igualmente, 79,2% de las escuelas presentaba déficits de
docentes, que en un porcentaje cercano a 60% abandonaron el sistema educativo,
y 92,9% no contaba con computadores y 93,1% no tenía conexión a Internet.
Entre 2022 y 2023, aumentó el número de niños, niñas y
adolescentes que no iba a la escuela: de 25% a 26,7%. De esta cifra, 6,2%
abandonó los estudios y 20,5% nunca se escolarizó, de acuerdo con HumVenezuela.
En las causas de abandono y no escolarización tienen un peso
importante las razones económicas, la distancia de las escuelas y las necesidades
especiales de los menores de edad. 29,9% de los niños, niñas y adolescentes de
7 a 17 años de edad que no asiste a la escuela están trabajando. (El Nacional)
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