Por: BBC News Mundo
Un empresario prófugo que embaucó por millones de dólares a
la marina de Estados Unidos se encuentra entre los prisioneros que Venezuela
intercambió por Alex Saab, el cercano aliado del presidente Nicolás Maduro que
estaba encarcelado en Miami bajo cargos de conspiración para blanquear dinero.
Conocido como “el gordo Leonard”, el notorio multimillonario
y excontratista militar fue extraditado como parte de un intercambio de prisioneros
entre Venezuela y Estados Unidos, confirmó la Casa Blanca.
El empresario de origen malayo, cuyo nombre verdadero es
Leonard Glenn Francis, fue el autor intelectual de un fraude de US$35 millones
contra la Marina de EE.UU. Se había fugado de su detención domiciliaria en
EE.UU. en 2022.
Diez ciudadanos estadounidenses que se encontraban
encarcelados en Venezuela también fueron puestos en libertad como parte del
acuerdo.
Francis, el preso de más alto perfil involucrado en el
acuerdo de intercambio, fue detenido en septiembre de 2022, cuando estaba a
punto de abordar un vuelo desde Venezuela a Rusia, en su intento de eludir las
autoridades estadounidenses.
Dos semanas antes, el empresario malayo se había fugado de
su arresto domiciliario en California, donde estaba detenido tras reconocer su
participación en un extenso fraude que le costó a EE.UU. decenas de millones de
dólares e implicó a varios oficiales de la marina.
Fraude histórico
Los fiscales dicen que Francis usó su empresa basada en
Singapur, que tenía contratos para prestar servicio a las embarcaciones de la
flota naval de EE.UU., para defraudar a la marina, al tiempo que sobornaba a
los oficiales con dinero en efectivo y regalos.
Los documentos presentados ante el tribunal como parte de su
sentencia de conformidad acusaban a Francis de sobornar a más de 30
funcionarios, incluyendo a más de 20 oficiales de la marina para ganar
contratos lucrativos para su empresa Glenn Defense Marine Asia Ltd, basada en
Singapur.
Según el Departamento de Justicia, atiborró a los oficiales
navales con millones de dólares en regalos, que incluían viajes suntuosos,
“alcohol y vino de primera”, lechones españoles, habanos y acceso a servicios
de prostitución.
El empresario también reconoció que había cobrado en exceso
al Pentágono por servicios inventados. En total, los fiscales afirmaron que
estafó a la marina en US$35 millones, catalogado como uno de los mayores
fraudes en la historia de esa fuerza naval.
A cambio, los oficiales entregaron documentos clasificados y
otro material sensible a la empresa de Francis, que tenía un contrato para
reabastecer y prestar servicio a la flota naval en Asia.
Francis fue arrestado inicialmente en 2013 y se declaró
culpable de haber ofrecido US$500.000 en sobornos en 2015.
Oficiales implicados
Al desprestigiado empresario se le permitió tener casa por
cárcel debido a su pobre estado de salud en ese momento. Según su sentencia de
conformidad, recibiría atención médica para un cáncer de riñón, a cambio de
mantener una vigilancia privada y cooperar con el Departamento de Justicia.
Se dice que Francis aportó evidencia incriminatoria contra
cientos de funcionarios y oficiales de la marina.
El periodista Tom Wright, que hizo un podcast con el
empresario titulado “El gordo Leonard”, dijo a la BBC que Francis había hecho
“enormes cantidades de dinero” después de los ataques de 11-Septiembre
sobrecargando sus facturas a la marina de EE.UU.
Wright añadió que Francis había accedido a colaborar con el
podcast porque estaba “furioso” por lo que él consideraba era un encubrimiento.
“Almirante tras almirante que estuvieron implicados con él no fueron
enjuiciados criminalmente. En EE.UU. fueron los oficiales de menor rango [los
que fueron enjuiciados]”.
Fuga y captura
El 4 de septiembre de 2022, semanas antes de su sentencia,
Francis cortó y se deshizo del grillo electrónico que tenía puesto alrededor
del tobillo y que monitoreaba sus movimientos.
Abandonó su casa y logró cruzar la frontera con México,
donde tomó un vuelo a Cuba, pero las autoridades no le permitieron quedarse en
la isla. Así que viajó a Venezuela.
Allí, solicitó asilo en la embajada de Rusia en Caracas.
Todavía no había recibido respuesta de Moscú, cuando fue interceptado
intentando abordar un vuelo a ese país el 20 de septiembre de 2022.
Estados Unidos buscó reclamar al empresario prófugo, pero
con las cercenadas relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, Francis
se encontraba en un limbo legal, hasta que se negoció el canje que resultó en
su extradición.
En un comunicado, el presidente Joe Biden dijo que Francis
ahora será “sentenciado por su principal participación en un caso de soborno
descarado y corrupción”.
Por ahora no se ha fijado una fecha para la sentencia que
antes contemplaba 25 años de cárcel, con una reducción sustancial por haber
cooperado con la fiscalía. Pero tras su fuga e intento de burlar a las
autoridades estadounidenses, posiblemente no cuente con mucha indulgencia.
Los otros liberados
Haciendo alusión a los otros ciudadanos liberados por
Venezuela, el presidente Biden añadió: “Estoy agradecido de que sus calvarios
hayan terminado y que estas familias estén completas una vez más”.
La Casa Blanca dijo que entre los liberados se encontraban
Joseph Cristella, Eyvin Hernández, Jerrel Kenemore y Savoi Wright.
Considera que estos seis de los 10 estadounidenses liberados
por Venezuela fueron “indebidamente detenidos”.
La Casa Blanca también reveló que Caracas había aceptado
poner en libertad a 20 prisioneros políticos venezolanos, así como al opositor
Roberto Abdul, y que se había comprometido a suspender las órdenes de arresto
contra otros tres venezolanos.
Esta no es el primer intercambio de prisioneros que acuerdan
Venezuela y Estados Unidos.
En octubre de 2022, el gobierno venezolano puso en libertad
a siete ciudadanos estadounidenses encarcelados a cambio de la liberación de
dos sobrinos de la esposa de Maduro.
Conocidos como los “narco sobrinos”, los dos hombres
cumplían sentencias de 18 años por intentar traficar cocaína a EE.UU.
Las relaciones entre los dos países se relajaron aún más en
octubre de este año cuando Washington suavizó las sanciones contra el país
sudamericano a cambio de que el presidente Maduro aceptara a los observadores
internacionales monitorear las elecciones presidenciales del año entrante.
Grupos de derechos humanos en Venezuela reaccionaron a la
noticia del canje exigiendo la liberación de casi 300 personas encarceladas que
ellos denominan prisioneros políticos.
